Les Càritas Diocesanas de Lleida, Solsona y Urgell han destinado durante el año 2022 un total de 7.184.653 euros a atender a las personas que acuden a la entidad, casi un 9% más que en 2021 (6.567.844 euros). Gran parte de estos recursos han ido dedicados a programas de cobertura de necesidades básicas y de apoyo a los colectivos más vulnerables, y a los proyectos de inserción laboral. En total, se han beneficiado de la acción de Càritas más de 16.000 personas de todo el territorio de las tres diócesis. Así mismo, también se han aendido casi 7.500 personas en los diversos programas que lleva a cabo la entidad. Estos datos, recogidos en la memoria anual presentada ayer en rueda de prensa, provocan cierta inquietud, especialmente por el aumento constante en los últimos años en recursos económicos para cubrir las demandas.

Por lo que respecta a las ayudas económicas directas, más de 4.000 hogares de Lleida y el Pirineo han recibido un total de 704.860 euros por parte de las tres Càritas, ante los 650.844 euros que se destinaron en 2021. Un dato que muestra cómo los efectos de la pandemia todavía no se han revertido, ya que la cifra aumenta paulatinamente respecto a los años anteriores (2021 y 2020), y continúa siendo más de un 25% más alta que antes de la Covid-19. La entidad remarca, sin embargo, que el dinero destinado a las personas es un medio y no una finalidad, y avisa de que el acompañamiento y el empoderamiento son cruciales para las personas que más sufren. Desde Càritas avisan que invertir recursos es imprescindible para conseguir una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades.

Un dato que preocupa especialmente a las tres Càritas es que, a pesar de que cada año se invierten más recursos en los programas laborales y las empresas de inserción, este año 3.911.884 € (casi un 55% de los recursos totales utilizados), la situación de las personas con mayores dificultades para encontrar trabajo no mejora, especialmente las que tienen un bajo nivel de formación y poca experiencia laboral, de aquí el incremento de personas que quieren acceder a formaciones para tener más posibilidades de acceder al mercado laboral. Por otra parte, los responsables de la entidade remarcan la inquietud que supone ver como “el aumento del coste de la vida hace que familias con trabajo hayan perdido poder adquisitivo y se hayan visto obligadas a establecer nuevas estrategias de consumo, renunciando a determinados gastos que hasta ahora eran habituales”. Ello repercute en no poder hacer frente a gastos imprevistos y provoca un deterioro de las viviendas. Tener trabajo, concluyen, ya no es garantía para eludir la precariedad social.